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El desafío de regular contenidos nocivos en redes sociales

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Tras audiencia en Corte, redes señalan que control llevaría a censura. Consenso global es un reto.

Solo en YouTube se suben cada minuto más de 400 horas de video, lo que equivale a 65 años de contenido por día. El dato lo dio Lorenzo Villegas, representante de Google en Colombia, durante una audiencia pública convocada el pasado jueves 28 de febrero por la Corte Constitucional, que tenía como objetivo debatir si las redes sociales deberían controlar los contenidos publicados en sus plataformas y que puedan llegar a incurrir en casos de injuria y calumnia.

La cita, a la que también acudió Facebook (así como expertos y funcionarios), se basó en tres tutelas, que incluyeron la de un funcionario de Sayco acusado en redes de “ratero, mafioso y corrupto” y el de una mujer que fue tildada de “estafadora”. La jornada se centró en las tensiones entre la regulación y la libertad de expresión, y en si debe existir un control por las compañías de tecnología para evitar los señalamientos sin pruebas y si la libertad de expresión en las redes sociales tiene límites cuando afecta derechos al buen nombre o la honra.

La cifra del consumo de video sirvió a Villegas para argumentar la posición de la compañía. “¿Cómo es posible pensar que toda esta masa de contenido puede ser analizado? Pedir eso es tan grave como esperar que un proveedor de telefonía estuviera escuchando todas nuestras llamadas o revisando nuestros correos electrónicos para eliminarlos antes de que llegasen a su destinatario”, recalcó.

Al igual que Facebook, Google expresó su opinión de que las compañías no pueden ser responsabilizadas del contenido que se sube a sus plataformas, excepto si hay una orden judicial, porque de lo contrario se afectaría la libertad de expresión y se incurriría en una censura. Hicieron énfasis en que la gran cantidad de información lleva a que técnicamente sea casi imposible realizar un bloqueo a partir de las solicitudes de los usuarios y de los riesgos de que esta labor sea automatizada cuando se requiere un análisis profundo de una autoridad judicial.

Las más de nueve horas de debate sirvieron para dejar en evidencia la complejidad y las distintas aristas que hay en la idea de un posible control de lo que sucede en la red. Édison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), enfatizó durante su intervención que “aun dentro de las categorías que podemos denominar como contenido ilegítimo, no hay consenso a nivel internacional para encontrar la forma más adecuada en la que no se afecte la libertad de expresión”. Para el experto, “exigir condicionamientos previos de veracidad es una forma de inhibir la libertad de expresión”.

Pero otras autoridades no son tan tajantes. El fiscal Néstor Humberto Martínez explicó: “El derecho a la libertad de expresión no es absoluto cuando entra en tensión con otros derechos (…), encuentra un límite en la protección constitucional al buen nombre y a la honra”.

Los representantes de las redes sociales, por su parte, dijeron que, aunque se tienen en cuenta las legislaciones de cada país, en la mayoría de los casos las políticas están diseñadas para un ambiente global. Pensar en que Colombia logre legislar al respecto es, para los expertos, una meta todavía muy difícil de alcanzar.

En países como Francia se estudia un proyecto de ley para obligar a las redes sociales a eliminar los mensajes de odio en menos de 24 horas, pero incluso en la Unión Europea, donde se ha incrementado la presión por regular durante el último año, los pasos no son significativos.

Las redes no reconocen responsabilidad sobre los contenidos, pues se definen como intermediarios. Pero los especialistas señalan que deberían cumplir una función de auditoría y respuesta rápida en casos de discursos de odio o si los afectados son niños.

Es algo que hemos visto pasar cuando se afectan intereses comerciales. Recientemente, YouTube vio cómo varias marcas retiraron su pauta tras hallar que videos para niños eran usados por pedófilos que fácilmente podían usarlos para sus fines. Ni el reporte de los usuarios ni el llamado de las autoridades llevó a YouTube a actuar con la presteza que mostró en este caso. Solo un par de días después de que Nestle, AT&T y Disney dejaron de anunciar en la plataforma, esta deshabilitó los comentarios en esos videos.

REDACCIÓN TECNOLOGÍA

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