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Extradición, fondo del debate por fallos sobre objeciones y Santrich

Más allá del impacto inicial que produjeron la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la libertad del exjefe guerrillero Jesús Santrich y el fallo de la Corte Constitucional que enterró las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP, el debate de fondo en los dos casos es la extradición.Y, particularmente, la extradición en el contexto de los acuerdos con las Farc y del papel de la JEP como tribunal para la paz.

Esto porque el pacto que cerró medio siglo de guerra les da a los exguerrilleros la garantía de no extradición, siempre y cuando no cometan delitos después de la entrada en vigor de los acuerdos –el primero de diciembre del 2016–, y porque la JEP puede admitir a otras personas pedidas en extradición que tienen verdades para contar sobre delitos graves ocurridos en medio del conflicto armado.

De hecho, dos de las seis objeciones de Duque a la ley que reglamenta la JEP tenían que ver con preocupaciones del mandatario sobre el impacto de los acuerdos de paz en el futuro de la extradición como mecanismo para combatir delitos como el narcotráfico.

El Presidente pedía que el tribunal para la paz no pudiera practicar pruebas sobre delitos cometidos después de la entrada en vigor del acuerdo de paz –como en el caso de Santrich– y demandaba precisiones sobre la garantía de no extradición para personas distintas a los exguerrilleros de las Farc.

Duque partió de la idea de que este último punto abría la puerta para que delincuentes pedidos en extradición la evadan con la promesa de contar verdad sobre delitos del conflicto armado.

Estas inquietudes, de hecho, trascendían el Gobierno y su partido, el Centro Democrático. Estados Unidos y el exfiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez tenían los mismos reparos del Presidente.

Por eso, en medio del intenso debate que desataron en el Congreso y en diferentes sectores del país las objeciones presidenciales a la ley de la JEP, y del desarrollo del caso Santrich, comenzó a hablarse de la necesidad de encontrar un acuerdo político para clarificar el tema de la extradición.

Incluso, magistrados de las altas cortes han estado al tanto de esa idea y la respaldan. Se trata, dice uno de ellos, de “terminar con la polarización que ha provocado en el país el acuerdo de paz con las Farc”.

Infografía extradiciones2

El 90% de las extradiciones a Estados Unidos son por narcotráfico.

Foto:

El camino

El punto de partida para la búsqueda de un acuerdo político sobre la extradición es un proyecto de ley interpretativa –como es llamada una norma que precisa el alcance de otra– elaborado por el senador liberal Luis Fernando Velasco y que precisa quiénes son las personas distintas a los exguerrilleros de las Farc que pueden someterse a la JEP aunque tengan pedido de extradición.

Y estas personas son, como lo había dicho puntualmente la Corte Constitucional, “terceros, particulares o agentes del Estado y miembros de la Fuerza Pública que estén ofreciendo verdad” sobre delitos cometidos en el marco del conflicto armado, antes del primero de diciembre del 2016.

Es decir, la condición sobre la fecha es la misma que se aplica a los exguerrilleros, lo cual garantiza que ningún delincuente pueda colarse en la JEP después de la entrada en vigencia de los acuerdos de paz.

Acerca del origen del proyecto de ley interpretativa, Velasco explica: “Una parte del país tiene profundos temores con la ley de la JEP, porque cree que puede acabar la extradición, y otra parte no tiene ese temor. Yo no lo tengo porque creo que en la sentencia de la Corte Constitucional está todo resuelto. Pero mi planteamiento es: o seguimos debatiendo sobre quién tiene la razón, o buscamos un punto intermedio que nos genere tranquilidad a todos. Ese punto medio es la ley interpretativa”.

Para el senador liberal se trata de superar “la bicicleta estática en la que está la clase dirigente” desde que se dividió entre el ‘Sí’ y el ‘No’ frente al acuerdo de paz con las Farc, mientras el país tiene otros problemas que resolver.

En su momento, Velasco les entregó al presidente Duque y al exfiscal Martínez un documento de cuatro páginas con la explicación de su propuesta. Se sabe, incluso, que el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, dijo que ese proyecto de ley le daba “tranquilidad”.

O seguimos debatiendo sobre quién tiene la razón, o buscamos un punto intermedio que nos genere tranquilidad a todos. Ese punto medio es la ley interpretativa

En busca del consenso

El comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien ha sido el vocero oficial en el asunto de las objeciones presidenciales a la JEP y en el caso Santrich, confirma que en el Gobierno ven “con buenos ojos” la iniciativa del senador Velasco.

Dice que para el Gobierno es importante que en el proyecto de ley quede perfectamente claro que el beneficio de la no extradición a personas distintas a los exguerrilleros no se aplica para delitos cometidos después de la firma del acuerdo de paz.

También, que la iniciativa legislativa establezca un límite a la suspensión de la extradición por contar verdad. 

De lo que se trata, para el Gobierno, es de evitar que extraditables usen el tema de la verdad como pretexto para postergar indefinidamente su extradición.

“Es importante que en ningún caso la extradición se diluya”, enfatiza el comisionado de Paz.

Es importante que en ningún caso la extradición se diluya

Para Ceballos, otro punto clave es que la JEP, al evaluar la fecha del delito de una persona admitida en esa justicia, “respete la valoración del delito” que ha hecho un juez extranjero. “Eso es fundamental para que no se acabe la colaboración entre países”, agrega.

Este aspecto es especialmente importante para el Gobierno porque en el fallo de la JEP sobre Santrich, el tribunal dijo que para determinar la fecha del delito de narcotráfico que se le atribuye al exguerrillero necesitaba pruebas para establecer si el ilícito efectivamente había ocurrido.

El proyecto de ley interpretativa ya fue compartido por el senador Velasco con sus colegas de la Comisión Primera y, según dice, ha encontrado respaldo. “Los conservadores están convencidos, buena parte de Cambio Radical, buena parte de ‘la U’, el Partido Liberal, y he hablado con colegas del Polo Democrático”, agrega.

Hay legisladores que todavía no conocen el proyecto. Por ejemplo, el senador del Polo Iván Cepeda adelanta que si esa ley es para abrir la puerta a más modificaciones del acuerdo de paz con las Farc, no lo apoyaría. “No dudamos de la buena intención del doctor Velasco, pero queremos mirar el tema detenidamente. No puede haber más remiendos al acuerdo”, anota Cepeda.

Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, también sostiene que no conoce aún el proyecto, pero que para él, la ley debe incluir fundamentalmente dos puntos: la precisión de que a la JEP solo le corresponde determinar la fecha del delito de una persona pedida en extradición, y un plazo puntual para la verdad que se comprometen a contar las otras personas admitidas en esa justicia.En coincidencia con el comisionado de Paz, Lara dice que “ese plazo debe ser de meses y no puede tener prórroga, para que no se abuse de la figura”.

En cuanto a la posibilidad de incluir en la ley interpretativa un artículo con un plazo específico para contar la verdad antes de hacer efectiva la extradición, Velasco explica que no se puede porque este tipo de leyes son solo para precisar los alcances de otra norma, y no para modificarla.

“Para esto debe presentarse otro proyecto. Yo no puedo decir que ya hay un acuerdo político, pero siento que ahí hay una salida para superar la polarización y construir acuerdos en otros temas importantes para el país”, sostiene Velasco. La idea, incluso, es que el proyecto de ley, una vez consensuado, sea presentado por el Gobierno, pero esto solo puede hacerse después de que el presidente Duque sancione la ley estatutaria de la JEP.

El comisionado de Paz está de acuerdo con que la ley interpretativa no puede ser para modificar el acuerdo de paz porque este “fue hecho entre el Gobierno y las Farc, y solo pueden modificarlo quienes lo hicieron”.

El hecho es que el país puede estar en la antesala de un acuerdo político para resolver las inquietudes que ha generado el pacto de paz con las Farc sobre el futuro de la extradición. Y esto puede ser el punto de partida para acabar con la polarización nacional que creó el acuerdo de paz.

MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editoria JUSTICIA Y PAZ
En Twitter: @MariGomezGirald

Expectativa por el diálogo político

El espacio de diálogo que se les abre al Gobierno y al uribismo para unos acuerdos mínimos fue planteado ya por algunos partidos. Desde el Partido Conservador, el senador Juan Diego Gómez invitó a “todas las fuerzas” para buscar “acuerdos” y “revisar con la izquierda y otros partidos disonantes” pactos “sobre algunos de los temas que preocupan al Gobierno y a su partido”.

“Es una oportunidad de oro para arrancar un acuerdo nacional con pie derecho en el que el Gobierno convoque a las fuerzas, incluida la oposición, y mirar muy bien lo que se quiera cambiar del acuerdo de paz, sin que violente el espíritu de este”, afirma el senador por Cambio Radical Richard Aguilar.

En el caso de Santrich, el margen de maniobra para el Gobierno parece más limitado, pues la suerte del exguerrillero está en manos de la JEP y de la Corte Suprema. Lo cierto es que el Gobierno y el uribismo parecen tener una nueva oportunidad para dialogar con los partidos políticos –incluidos los de izquierda– e impulsar ajustes del acuerdo de paz, y del manejo que hagan de este espacio dependerá qué tan lejos lleguen en ese propósito.

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